COLETAZOS DEL AUTOFINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO: alza de aranceles y matrículas.

El recién llegado rector Pérez, en conjunto a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, anunciaron el 10 de noviembre, la creación de 321 cupos adicionales, correspondientes a un incremento en un 8%, para el año 2007 en los programas de pregrado impartidos por la Universidad de Chile. A su vez, se comunicó la proyección de un alza de los aranceles de nuestras carreras que se habla se ubicaría entre el 8% y el 10%. ¿Las razones con las que la rectoría justifica tales acciones? Para sumar más matrículas dicen que la iniciativa busca acoger la mayor demanda por educación superior producida por el aumento de postulantes, efecto de las 155 mil becas para rendir la PSU que el gobierno extendió luego de las masivas protestas estudiantiles del primer semestre. Lo segundo, se explicaría por la necesidad de percibir recursos, que hoy por hoy escasean en la universidad, para desarrollar una educación superior de calidad –que aparecía como unos de sus ofrecimientos principales en la campaña que lo llevó a ocupar el puesto actual- en nuestra casa de estudios.



Víctor Pérez se muerde la cola.



No obstante, ambas disposiciones decretadas, a la luz de sus declarados objetivos, se contradicen. Por un lado, las autoridades universitarias en muestra del espíritu progresista e igualitario que impregnaría la educación superior pública, abrirían generosamente sus puertas para recibir a los nuevos miembros de las jóvenes generaciones que vienen más numerosas que nunca antes. Así su intención sería abrir la posibilidad de que ingresen de entre los 321 jóvenes de incremento adicional, personas que antes por su condición social no podían rendir la PSU sin mediar malabares económicos en sus hogares. Por otra parte, alzando aranceles estrecha las probabilidades de que esos estudiantes que busca captar –entendiendo que en la realidad son otras las universidades que acogen a ese tipo de estudiantes, por el hecho de que los altos puntajes no están generalmente asociados a bajos recursos- logren terminar sus estudios por problemas de financiamiento, o bien les constriñe a hipotecar un 8% o 10% más que hoy su vida en pos de quizás alcanzar en el futuro un mayor bienestar material que el que ha tenido en su familia. De modo que, el próximo año habrá más compañeros buscando materializar sus expectativas de desarrollo, pero también encontrarán más dificultades para concretarlas.

    Probablemente, las autoridades analizan que las otras universidades también aumentarán los cupos disponibles, por lo que la Universidad de Chile más que apuntar a un sector empobrecido, está apostando a capturar la mayor cantidad de altos-puntajes-altos-ingresos, lo que se refuerza con el mayor valor de los estudios. De manera que, son las universidades de regiones, algunas privadas, la USACH, la UTEM y la UMCE, las que como siempre asumirán mayormente en sus filas un contingente, ahora engordado, de estudiantes endeudados hasta el cuello.



Las consecuencias de las alzas.



La decisión de aumentar el número de matrículas no se precede por ningún estudio acerca de la evolución del mercado laboral en el país, mucho menos de las necesidades profesionales y científicas que enfrenta actualmente para su desarrollo. En la universidad se están haciendo las cosas a ciegas, consecuencias: arbitrariamente se decide subir parejo un 8% de cupos en cada una de las carreras, como si se estuvieran requiriendo el mismo número de profesionales médicos que periodistas y psicólogos. De modo que en aquellas áreas donde hay déficit de recursos humanos capacitados, no se diseñarán políticas para revertir la situación (como sería el caso de las carreras del área salud en Chile) y donde hay un exceso, el próximo año se generaran más futuros cesantes ilustrados, seremos más los que veremos frustradas nuestras esperanzas y como recuerdo de ellas, tendremos una abultada deuda que cancelar.

    Por ejemplo, un estudio del Departamento de Educación de la Universidad de Chile muestra que la profesión de periodista registraba en el año 1982 un total de 1.235 egresados. En 1996 este universo aumentó a 3.504 profesionales y volvió a crecer en el año 2002, ascendiendo a 7.892 comunicadores. En el 2006 se estima que hay más de 10 mil profesionales esperando encontrar trabajo. En el caso de los psicólogos, los antecedentes indican que mientras en el año 1996 el universo ascendía a 3.760, en el año 2006 esta cifra se había más que triplicado, bordeando los casi 10 mil. Botones de muestra de lo irracional que llega a ser el mercado como mecanismo de regulación de la educación superior universitaria. Y lo más impresionante, el señor Pérez parece no considerar aquellos datos recopilados en la misma casa de estudios que dirige, actuando de una manera nefasta.

    Como si fuera poco, tampoco se ha considerado el estado de la infraestructura que disponemos. Existen planteles que tienen serios problemas para acoger nuevos estudiantes en condiciones que aseguren un desarrollo integral de éste, que no esté mediado por sus condiciones de origen o de clase (tener o no computador en casa, tener o no una vivienda donde se pueda estudiar, etc.): El Instituto de Asuntos Públicos amenaza con desmoronarse literalmente, mientras tanto, se les promete la construcción de otra sede en un lugar que aún no se ha aclarado (se baraja el Campus Juan Gómez Millas); el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) se encuentra al borde del colapso por la llegada de estudiantes de la nueva carrera, cine y televisión, mientras que el nuevo edificio prometido se aplaza y aplaza por diversas razones; y en nuestra facultad, la sala de computación, la biblioteca y el número de salas disponibles, dejan mucho que desear. Por lo demás, puede ser que el aumento de las matrículas no se quede estancado, pues al menos en el ICEI las autoridades ya han manifestado que esto es parte de un plan de mayor extensión temporal.



Respecto a las alzas de aranceles, se plantean dos temas preocupantes: la morosidad y la elitización progresiva.



En nuestra universidad, existe un gran número de estudiantes morosos, esto es que han accedido a crédito para el pago de sus carreras, pero no han cancelado, por alguna razón, alguna o varias de sus cuotas. Se puede distinguir entre dos formas de estar en situación de morosidad: no pagar por no querer hacerlo a pesar de tener los recursos para ello y no hacerlo por imposibilidad económica, allí se concentra el grueso de personas, las cuales en su mayoría son parte del tercer y cuarto quintil (o sea eso que suele llamarse clase media), que actualmente no tiene acceso alguno a becas ni crédito completo a pesar de necesitarlo en gran parte de los casos. En este escenario, subir el valor de los aranceles es no hacerse cargo de esta realidad y apostar por hacer crecer el contingente moroso en la universidad.

    En el año 2005, de los 3823 alumnos que se matricularon en primer año de los programas de pregrado impartidos, 1518 venían de colegios privados (40%), 1585 de establecimientos particulares subvencionados (41%) y sólo 959 de colegios municipales (19%). En comparación a los años anteriores, cada año son menos los estudiantes de colegios municipales que entran a la universidad. Razones para explicar aquello hay de sobra: inadecuación del sistema crediticio y de becas actual, alza de aranceles como tónica constante de los últimos años, educación secundaria altamente segmentada donde la calidad se asocia a la capacidad de pago por el servicio, etc. A pesar de aquello y de la relamida consigna de que la U. de Chile es Universidad pública bla-bla-bla… los aranceles siguen en alza y no tímidamente: se habla entre un 8% y 10%, es decir, en carreras como ingeniería donde el arancel vigente es de $2.755.000, el año que viene sería ¡de $2.975.400 a $3.030.500!



El problema de fondo.



En marzo del presente año, entró en funcionamiento el nuevo democrático Estatuto de la Universidad de Chile, el cual si bien tiene serias limitaciones, al menos tiene como idea fuerza la instalación de una normativa que amarre el ejercicio de un gobierno democrático-participativo –obviamente dentro de los estrechos marcos que ellos permiten- para la gestión de una educación de calidad. Los decretos lanzados por rectoría atacan, por lo tanto, el espíritu de los nuevos estatutos, pues no se consideró al estamento estudiantil en la toma de decisión. Que Víctor Pérez pueda hoy decretar cosas tan importantes e influyentes sin si quiera consultar a los estudiantes, significa que él no es tan democrático como se hacía ver cuando de temas realmente gravitantes se trata y que nosotros los estudiantes, hemos sido incapaces de hacer saber a nuestras autoridades que si las decisiones se toman a espalda de nosotros, estas no van para nadie. No hemos sabido construir y exigir una real democratización de la institución.

    Sería pueril pretender que todo lo ocurrido obedece a la maldad de una persona en particular, si Pérez nos pone contra la pared, es porque a él y la universidad ya le han puesto la soga al cuello. El autofinanciamiento universitario impone presiones para que los ingresos que necesita para funcionar, sean cada vez más provenientes de los bolsillos de los hogares de sus estudiantes y de actividades económicas realizadas por las unidades académicas (consultorías, asesorías, etc.). En cifras aquello significa lo siguiente: en el periodo 1998 – 2005 la suma entre Aporte Fiscal Directo (AFD), Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y otros importes menores por parte del Estado, en términos porcentuales de peso sobre la composición total del presupuesto anual se redujo en un 15%. Todo esto mientras la importancia relativa de los aranceles, ingresos propios y ventas de bienes y servicios, subía aceleradamente. La universidad necesita más de vender productos al mercado y del cobro de aranceles, para poder seguir funcionando.

    La experiencia indica que las constricciones económicas derivadas del autofinanciamiento ponen a las universidades públicas en una encrucijada: bajan de calidad para rebajar costos de mantenimiento o se elitizan intentando frenar un poco la baja de calidad. Las consecuencias de optar la primera opción ya se están comenzando a hacer notar, las universidades estatales Arturo Pratt, de Los Lagos, UPLA y UTEM han sufrido el rechazo de su acreditación institucional, se les considera oficialmente por debajo de los estándares mínimos de calidad. La segunda opción es la que comenzamos a notar de a poco en nuestras aulas.

    Ante ese escenario, los estudiantes debemos acudir a nuestra mejor arma: la organización. Es necesario que nos informemos, discutamos y decidamos acciones tendientes a frenar el proceso que está en andas. Para ello haremos lo que tengamos que hacer.

    Es urgente analizar las posibilidades reales de superar la situación actual de autofinanciamiento universitario y progresiva elitización, para ello hay que democráticamente poner en discusión las distintas propuestas históricas que ya existen e imaginar nuevas. A su vez, esta es una lucha que debe proyectarse hacia los otros estamentos, pues ahí residen amplios sectores honestos que piensan que se debe re-construir el carácter público y de excelencia de las universidades. Quizás, podríamos distinguir objetivos de corto y mediano plazo, es inmediato parar las alzas e implementar en nuestros espacios locales vías alternativas de financiamiento (el cobro de impuesto a las consultorías externas que operan en la facultad, es un ejemplo). A mediano plazo hay que diseñar estrategias de organización que permitan romper con el autofinanciamiento y la elitización, avanzando hacia una educación igualitaria. Está en nuestra capacidad de organizarnos, golpear y proponer alternativas viables, la posibilidad de cambiar la situación actual, no dejemos que la inercia nos consuma.

Alzan los aranceles, alzan las matrículas y ¿nosotros cuando nos alzamos?



- Colectivo Ara-.